Venezuela: gobierno tiene 12 años fijando controles a empresas privadas

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industrianacEconomistas señalan que la restricción de divisas, la regulación de precios, fiscalizaciones y sanciones han incidido en el abastecimiento.

Dulce María Rodríguez y María Fernanda Sojo | El Nacional

 

Luego de 12 años de controles de cambio y de precios, de leyes y restricciones a la producción, al inventario, a la movilización de la mercancía, al margen de ganancias, además de la entrada en vigencia de una nueva normativa laboral, se han intensificado las fallas en el suministro de productos de consumo masivo, principalmente alimentos, dijeron analistas.

“Las regulaciones y el difícil acceso a las divisas han destruido la capacidad productiva de las empresas privadas”, dijo el economista Pedro Palma. De acuerdo con Conindustria, las plantas operan a menos de la mitad de su capacidad instalada.

El 5 de febrero de 2003 nació el control cambiario actual. El Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Economía y Finanzas fijaron un tipo de cambio único y comenzaron a controlar el uso y la asignación de los dólares. Se han creado cinco mecanismos para la asignación de divisas con tasas de cambio preferenciales que han ido cambiando: la Comisión de Administración de Divisas (ahora Centro Nacional de Comercio Exterior); el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera, (que funcionó hasta febrero de 2013); el Sistema Complementario de Administración de Divisas (vigente), el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (vigente hasta febrero) y el Sistema Marginal de Divisas.

Palma añadió que el control de cambio era necesario cuando se implementó porque hacia falta evitar la fuga masiva de capitales. Sin embargo, cree que el Ejecutivo se excedió en su aplicación al mantener el tipo de cambio preferencial por tanto tiempo.

Más restricciones. Una semana después de la implementación del control cambiario, el 11 de febrero de 2003, el Ministerio de la Producción y el Comercio publicó los precios máximos de venta de 45 bienes y 7 servicios, el primer paso de lo que se conoce como la Ley Orgánica de Precios Justos de 2014.

La legislación permite la aplicación de fiscalizaciones, intervenciones y fuertes sanciones para los agentes económicos que hubiesen incurrido en especulación, usura, acaparamiento y boicot, para eso se creó una superintendencia, que también ha cambiado de nombre. Además, se facilitaron aún más los procesos de ocupación y expropiación.

El economista Palma indicó que la no revisión periódica de los precios generó un rezago con los costos y pérdidas para los industriales. “Debido a la restricción en la liquidación de divisas los empresarios dependen del dólar libre y se ven obligados a establecer precios según los costos de reposición”.

El analista Tomas Socias señaló que otra medida que entorpece el desempeño de los privados son las guías de movilización. Se idearon para combatir el contrabando de extracción de alimentos en los estados fronterizos, pero después se amplio su alcance a nivel nacional y a productos de higiene personal y aseo del hogar.

A los controles, regulaciones y normativas se le sumó la Ley Orgánica del Trabajo, que entró en vigencia en 2012. Las modificaciones ocasionaron excesivas cargas económicas para los empresarios, problemas con los horarios y la necesidad de incorporar otro turno de trabajadores.

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